Estos son mis principios

Como un miembro gangrenado, España ya ni siquiera me duele. Por eso reivindico el derecho a destruir, a zambullirme en el pensamiento único (de uno y otro signo), a ponerle la carga precisa y a tratar de volarlo por los aires. Pero mucha gente, desde que escribo en Autopsia, opina que tanto punk empieza a cansar, y me piden que ofrezca una salida al desastre educativo, que dé mi opinión acerca de lo que debería ser un sistema de enseñanza en condiciones, a pesar de que ya dije en su día que lo más sensato era que empezásemos a abandonar toda esperanza.

Pues bien, hace años creé y administré, Deseducativos, una web que se ocupó de ello. Más de cuarenta profesores de todas las etapas escribieron dando su punto de vista y aportando las soluciones que ellos creían convenientes. Poco antes de cerrar el garito, se me ocurrió hacer una selección de las coincidencias más significativas y escribí un artículo donde se enumeraban los principios básicos que cualquier profesor, en su sano juicio, no tendría más remedio que asumir como propios. Fue un último intento de poner las cosas claras y de otorgar al gremio la dignidad perdida. Fue en vano, por supuesto.

Así que, sin que sirva de precedente, procedo a hacer nuevamente públicos aquel texto, y, con él, también los principios sobre los que yo, David López Sandoval, creo debería erigirse un sistema educativo público, razonable y eficaz.

  1. La enseñanza pública es un logro irrenunciable de las sociedades modernas y el mejor aval para salir de la crisis económica que sufre España.

Los continuos recortes presupuestarios a los que viene sometiéndose son contrarios, por tanto, a esta idea y coartan la posibilidad de una salida a medio y largo plazo de la crisis. Ahora bien, el problema de la enseñanza pública de nuestro país no reside solamente en el dinero que se le asigne, sino en los criterios en que se fundamente. Sin estos criterios cualquier partida presupuestaria habrá de ser inútil, como venimos comprobando desde hace años. El modelo comprensivo instaurado en la década de los noventa ha obligado a las distintas autoridades nacionales y autonómicas a tratar de ocultar su fracaso con programas tan costosos como improductivos que, en la mayoría de los casos, han supuesto un despilfarro inasumible. Todo gobierno está obligado a garantizar la supervivencia del sistema educativo público con estrategias de financiación que jamás se resientan por la crisis, y la mejor manera de hacerlo es que dicho sistema sea razonable y, sobre todo, eficaz.

  1. La enseñanza pública debe garantizar el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos y la promoción social de los más desfavorecidos.

La iniciativa privada, la libertad individual y la independencia de las familias para elegir la mejor educación de sus hijos son, asimismo, valores fundamentales que no han de ser cuestionados. El actual sistema de conciertos educativos falsea y contradice el principio de separación entre sociedad y Estado (precepto fundamental que salvaguarda la igualdad de derechos y oportunidades), ya que hace posible, por un lado, que se favorezca con dinero público a una entidad particular que, en última instancia, habrá de ser la más importante competidora de los centros estatales; y se nutre, por otro lado, de subvenciones que provocan, en la mayoría de los casos, que se acabe con la esencial independencia que otorga carta de naturaleza a toda iniciativa privada. La ley de conciertos educativos se ha convertido en un lastre tanto para la enseñanza pública como para la educación privada. Y por ello debe ser derogada de inmediato.

  1. Las competencias en materia de educación que actualmente poseen las Comunidades Autónomas han de ser devueltas al Estado central.

La enseñanza pública debe ser una de las herramientas con las que el Estado cuente para erradicar las diferencias sociales y económicas entre los diversos territorios de España. El actual sistema administrativo no solo no ha conseguido dicho objetivo, sino que ha agravado el problema endémico de las diferencias entre regiones y, lo que es peor, ha multiplicado por diecisiete su fracaso y su inoperancia, lo cual resulta excesivamente costoso y atenta contra uno de los pilares básicos de la enseñanza pública: la igualdad de oportunidades.

  1. Lo importante no es un pacto para reformar la educación, sino que esa futura reforma evite desde el principio la manipulación política a la que se ve sometido el actual sistema de enseñanza.

Es costumbre afirmar que lo que necesita España es que los partidos políticos pacten una ley educativa estable y duradera. Pero esta aseveración ignora el hecho de que, desde 1990 (es decir, desde hace más de veinte años), a pesar de los sucesivos gobiernos, nada ha cambiado en la enseñanza. Si bien es verdad que se ha asistido al nacimiento de cuatro leyes -LOGSE, LOCE, LOE y LOMCE-, ninguna de ellas ha puesto en duda las esencias pedagógicas más importantes (educación obligatoria hasta los dieciséis años, comprensividad, igualitarismo, inclusión, etc.), ni ha acabado con la flagrante intromisión ideológica (educación en valores, Educación para la Ciudadanía, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, Religión) que convierte la enseñanza en arma arrojadiza en el falso debate que los partidos políticos promueven. A ningún docente se le ha preguntado alguna vez si consideraba positivas las sucesivas reformas porque por encima de su criterio profesional se ha hallado siempre el oportunismo ideológico de la minoría que accede al poder. Así pues, lo importante no es el deseado pacto en sí, sino los términos en que este se lleve a cabo. Un sistema educativo coherente, riguroso y duradero ha de estar motivado por un sentido de Estado, una noción de ciudadanía, un concepto de país que trascienda siempre los intereses particulares y las consabidas siglas partidistas.

  1. Toda democracia ha de basarse, necesariamente, en una educación pública laica que, siguiendo la preceptiva fundamental que separa Estado e Iglesia, fomente virtudes cívicas que no excluyan ni eliminen las creencias religiosas, sino que promuevan la pluralidad y el diálogo.

El fenómeno religioso en general y el Cristianismo en particular (uno de los pilares de Occidente) son de tal importancia que resulta necesario, no obstante, que su estudio se aborde evitando su dimensión proselitista, se centre en sus aspectos sociales, históricos, políticos, artísticos y filosóficos, y sea impartido por profesores especialistas en los diferentes ámbitos de conocimiento. La aconfesionalidad del Estado español exige, por tanto, que la asignatura de Religión, tal y como está concebida en la actualidad, desaparezca de los centros públicos de enseñanza.

  1. Los maestros y los profesores de todas las etapas educativas somos los principales conocedores de la realidad de las aulas españolas.

Cualquier normativa sobre educación ha de tener en cuenta principalmente nuestro criterio profesional y la experiencia que lo procura. La Pedagogía no es una ciencia que proporcione infalibilidad a los expertos, sino una manera de reflexionar sobre la educación. Y, como toda reflexión, está sometida a crítica. En España, sin embargo, no solo la Pedagogía como disciplina, sino una única pedagogía que no valora el esfuerzo, los contenidos o la transmisión de conocimientos, se ha erigido como la suprema poseedora de la verdad pedagógica en los centros de enseñanza. Tanto es así que, en estos momentos, no se concibe ningún reglamento de régimen interno, ninguna programación didáctica, ningún decreto autonómico ni ninguna ley educativa estatal que evite sus preceptos fundamentales. Al mismo tiempo, la figura del psicopedagogo, único experto en esta especie de fe indubitable, ha sobrepasado de tal modo los límites que imponen los estrictos fines de su adscripción, que ha terminado usurpando las atribuciones que tradicionalmente poseían los maestros y los profesores. La realidad es, sin embargo, pertinaz, y, por mucho que se desee adulterar, finalmente revela tres hechos incuestionables: existen tantas pedagogías y tantos pedagogos como docentes hay; la experiencia y el criterio profesional de cada uno son la mejor garantía pedagógica posible; la única manera de que las normas educativas no ignoren semejante diversidad es evitando cualquier influencia pedagógica, limitando su labor a estructurar y reglamentar las diferentes etapas de la enseñanza y dejando en paz de una vez por todas a los maestros y a los profesores.

  1. No se debe confundir la igualdad de oportunidades de una enseñanza obligatoria hasta los 16 años con la uniformidad de capacidades, y el derecho universal a una educación de calidad con la obligación de recibir unos mismos contenidos.

Esta confusión, que atenta contra los derechos individuales, niega además que existan personas con distintas capacidades físicas e intelectuales o con perspectivas e intereses diversos, e impide que el Estado salvaguarde la legítima aspiración de los ciudadanos a promocionar socialmente. En aras de la obsesiva y recurrente noción de atención a la diversidad, se está conculcando el derecho esencial que todos los alumnos poseen a recibir una enseñanza de calidad. Quizá estemos ante una de las perversiones conceptuales más aberrantes y que más han influido en el devenir de la sociedad durante las últimas décadas, pues un sistema inclusivo, si aspira a no contradecirse en sus términos, ha de negar la pervivencia de la diversidad al pretender que todos los alumnos adquieran al final los mismos conocimientos. No hay nada tan pernicioso como la mentira, sobre todo si es esta la que articula una ley que pretende regular la educación de un país. Sus devastadoras consecuencias han conseguido desarrollar hasta el paroxismo la más monstruosa de las paradojas: el sistema termina beneficiando a una minoría (representada por alumnos con familias de alto nivel cultural y adquisitivo) que precisamente se puede permitir una educación al margen de ese mismo sistema, y condena sin embargo a la inmovilidad social a quienes se supone más debería beneficiar, es decir, a estudiantes que provienen de los sectores más desfavorecidos de la sociedad o que necesitan una dedicación exclusiva.

  1. Restablecer la autoridad y el prestigio social de los docentes no se consigue creando leyes que, a la postre, solo son efectivas en los casos más extremos y no resuelven los más que habituales problemas de indisciplina de baja intensidad.

Ninguna administración parece estar dispuesta a asumir esta evidencia, tal vez porque en cualquier medida que afecta a los profesores prevalece en realidad esa consabida demagogia que siempre está promovida por el interés electoral. La paradoja sorprendería si no escondiese pulsiones políticas tan rastreras: si bien se parte de la idea de que hay que dignificar la figura del docente, al final se procura que ninguna de las medidas planteadas haga que las familias (votantes potenciales) frunzan el ceño. Por lo que, desde 1985, con la creación de los consejos escolares, el resultado siempre ha sido el mismo: por un lado, un mayor intrusismo profesional; por otro, un paulatino desvanecimiento de las atribuciones docentes y una constante merma de la autoridad. La solución pasa por disposiciones y procedimientos de menor impacto mediático pero de mucho mayor calado y eficacia. En primer lugar se tiene que concebir un sistema de acceso a la función pública docente diferenciado para cada etapa educativa, basado exclusivamente en la excelencia, que valore, sobre todo, los conocimientos y que plantee un periodo de prácticas en el aula. En segundo lugar, se debe modificar la actual estructura de los centros de enseñanza devolviendo al claustro de profesores las competencias disciplinarias y, a fin de restituir su autonomía, confiriéndole la capacidad para elegir a los diferentes cargos directivos. En tercer lugar, se tiene que restringir la labor de la Inspección educativa al ámbito administrativo y (en los casos más graves) disciplinario de los centros, con el fin de acabar de una vez con la asfixiante fiscalización del trabajo de los profesores. En cuarto lugar, debe prevalecer sobre cualquier influencia política o pedagógica, el derecho constitucional de la libertad de cátedra, derecho que ha de manifestarse sobre todo en la libre elección de métodos y en la potestad de los diferentes departamentos didácticos para elaborar los planes de estudios. En quinto lugar, hay que despojar al docente de atribuciones ajenas a su cometido. Y por último, se debe acabar de una vez por todas con el absurdo sistema de promoción horizontal, incentivando la carrera profesional mediante la búsqueda del estímulo académico y laboral, que, en todo caso, nada tiene que ver con los cursillos que actualmente organizan sindicatos y centros de profesores y recursos.

Así pues, y parafraseando a Groucho Marx, estos son mis principios, y si no les gustan, lo siento, no tengo otros.

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Publicado por

David López Sandoval

Profesor de Lengua Española y Literatura

5 comentarios sobre “Estos son mis principios”

  1. Gracias por el resumen y la claridad de la exposición. Ahora, si tienes un rato y ganas de cortarte las venas, puedes leerte este reciente documento legislativo, destacable tanto por su contenido como por la claridad de su prosa.

    http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

    Trata sobre la relación entre entre competencias, contenidos y criterios de evaluación e incorpora la nueva joya de la corona pedagógica: los estándares de aprendizaje.

    Una perla: ” Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.”

  2. Manuelez, el otro día, en una CCP oí hablar por primera vez de los estándares de aprendizaje. No me preocupan. De hecho, estoy en un estado pseudozen en el que todo me resbala. El artículo habla de unos principios que sé perfectamente que se aplicarán cuando los cerdos vuelen. En eso no soy un iluso.

    No nos abramos las venas. Mirémoslo todo con los ojos del unamuniano Manuel Bueno. Sintamos compasión incluso por esas pobres almas que elaboran el BOE con tanto esmero. Cada partido político se ve obligado a dejar su granito de arena y su nomenclatura en esto de la «heducación». Es ya una tradición hispanistaní de largo aliento.

    La LOMCE es el mismo perro con distinto collar. Tenemos que estar ya curados de espanto. En peores plazas hemos paseado el traje de luces.

    Un saludo.

  3. A mí la competencia clave que más me gusta (además de la de “Aprender a aprender”, todo un clásico imperecedero) es “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, pero me gustaría hacerle una pregunta a la primatóloga y al pilarista (a quienes dios confunda) ¿Por qué lo llamáis “emprendedor” cuando realmente queréis decir “mozo de almacén”?.

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